25 de marzo de 2024 – El fiscal acusa a 15 personas, la mayoría ellas sin oficio o desempleadas, de poseer fortunas procedentes del lavado del dinero sucio del narcotráfico.
La ‘industria’ de la marihuana ha hecho germinar en Granada, además de las plantaciones de cannabis propiamente dichas, fortunas que aparentemente nacen de la nada. Es una especie de ‘lista Forbes’, la famosa clasificación de las personas más ricas que publica la revista del mismo nombre, pero conformada por ciudadanos que están en el paro y, en teoría, deberían tener sus cuentas corrientes exhaustas. Pero no es así. A pesar de estar desempleados o cobrando un subsidio, son dueños de varias fincas, tienen flotillas de vehículos despampanantes o disfrutan de numerosas periodos vacaciones durante los que se alojan en lujosos hoteles.
No es un fenómeno paranormal. Detrás de ese teórico misterio está el blanqueo de capitales provenientes del sucio negocio de las drogas. Es un secreto a voces.
El próximo mes de abril, la Audiencia Provincial de Granada va a acoger un nuevo macrojuicio contra quince de estos inopinados –y presuntos, por supuesto– ‘potentados’. En su escrito de acusación, el ministerio público, basándose en la información aportada por Hacienda, describe pormenorizadamente las finanzas de los procesados, la mayoría de los cuales son mujeres. La radiografías de las economías de estas personas, siempre según la fiscalía, responden a un patrón prácticamente idéntico: su patrimonio no se corresponde con sus escuetos o inexistentes historiales laborales.
Por ejemplo, una de las investigadas había cotizado a la seguridad social solo 21 días durante 42 años y había «percibido prestaciones por desempleo durante tres periodos ininterrumpidos entre el año 2007 al 2012, concretamente la Renta Activa de Inserción de Protección por Desempleo, concebida para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo», especifica la fiscalía.
Dos Mercedes y un BMW
Pese a ello, la Agencia Tributaria (AEAT) calculó que su fortuna llegó a ascender a casi 200.000, una cantidad que no se corresponde, dice el fisco, «con los magros 2.442 euros percibidos como únicos ingresos provenientes de subsidios de desempleo». Pero es que, además, figuraba como titular de ocho vehículos, entre ellos, dos Mercedes y un BMW, y de dos viviendas: un chalé en el área metropolitana de más de 250 metros cuadrados construidos y un piso de cien metros en la capital.
El resto de los 15 encausados habrían conseguido obrar ‘milagros’ semejantes e incluso más prodigiosos. Ahora les toca rendir cuentas ante la justicia. La fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los cuatro y los cinco años y medio de cárcel, y multas que en algún caso llegan al millón de euros. La acusación: un presunto delito de blanqueo cometido por una organización y derivado del narcotráfico.