Uruguay: El Banco Central propone algunos cambios en combate al lavado de activos, ¿de qué trata?

21 de septiembre de 2022 – Busca modificar el procedimiento de debida diligencia que tienen que realizar las instituciones a sus clientes.

El Banco Central (BCU) puso ayer a consulta pública un proyecto normativo, a través del cual busca modificar el procedimiento de debida diligencia que tienen que realizar las instituciones a sus clientes para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las modificaciones tienen que ver por un lado, con la actualización de la información de los clientes denominados como de “bajo riesgo”; mientras que, por otro lado, el proyecto también habilita alternativas al contacto personal para la verificación de la identidad de los clientes.

El primer cambio involucra a instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos, así como también aplica a los intermediarios de valores y administradoras de fondos de inversión. Concretamente, el proyecto plantea que en el caso de clientes de “riesgo medio, alto o que operen por montos significativos”, la actualización de la información deberá ser periódica y contemplar “plazos mínimos” de actualización.

Mientras que para los clientes de “riesgo bajo”, las instituciones deberán establecer procedimientos de actualización, pero el proyecto del BCU no establece una frecuencia mínima.

“En cambio, se indica que los procedimientos deberán contemplar la actualización de la información cuando los sistemas de monitoreo detecten patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes”, agregó el proyecto.

El segundo cambio del proyecto bajo consulta propone que para verificar la identidad de las personas físicas, se puedan utilizar procesos a distancia, como la validación de la identidad digital o una firma electrónica avanzada del cliente.

El BCU estará disponible para recibir aportes y comentarios sobre el proyecto, por parte de las instituciones supervisadas y el público en general, hasta el próximo 7 de octubre.

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