11 de octubre de 2023 – El acusado de participar en una presunta estafa a una agencia de viajes por valor de 250.000 euros ha sido condenado pero por blanqueo de capitales a un año y medio de cárcel y a pagar 132.460 euros, de los que 66.230 se corresponden a la responsabilidad civil y otro tanto a indemnizar a la agencia.
El procesado ha quedado absuelto del cargo de estafa y de pertenencia a organización criminal porque quien estaba considerado como cabecilla de la trama se encuentra en paradero desconocido, otros tres quedaron absueltos y uno fue condenado por resistencia grave.
La absolución se basó en que fue imposible demostrar el papel que tenían cada uno dentro de la supuesta organización ni el dinero del que se habrían apropiado.
Según la Fiscalía la actuación habría consistido en vender estancias en hoteles y billetes de avión a través de un portal online de una agencia de viajes con tarjetas de bancos extranjeros y sin permiso de sus titulares.
Tras el juicio celebrado hace algunas días en el que sólo se juzgó al ahora condenado, la Audiencia cree probada la “actuación fraudulenta continuada que conllevó el despojo patrimonial de la entidad”.
La pena por blanqueo se basa en que la Sala entiende que no se justifica el importante movimiento de dinero en la cuenta a nombre de este hombre cuando se encontraba en situación de desempleo y apenas cobraba 500 euros.
Durante el juicio argumentó que los ingresos se debían a que estaba al frente de una empresa de compraventa de camiones pero la Audiencia estima que no se puso sobre la mesa prueba alguna de esta actividad, ni se dieron más datos sobre el nombre de la sociedad y la publicidad con la que contaron para captar clientes.
La Sala califica de “colmo del absurdo” la explicación de estos ingresos que ofreció y que se basaba en que unos amigos pagaban por piezas separadas para obtener la totalidad de un camión y que llegó a vender unas veinte unidades, lo que hubiese implicado alrededor de 40.000 euros, cifra que tampoco está justificada.
El abogado de la defensa, Pedro Bernardo Prada, anunció que va a recurrir el fallo al discrepar de sus conclusiones y de hecho en su momento se negó a llegar a una conformidad por la petición de 69.000 euros por parte de la Fiscalía que era la cantidad que supuestamente había movido el ahora condenado en sus cuentas.
El Ministerio Público habla de que se llegaron a registrar entre los años 2011 y 2013, un total de 301 movimientos.
La acusación pública y los policías apuntaron que encontraron una cartilla en la que se reflejan los ingresos llevados a cabo por cientos de personas que eran retirados de forma casi inmediata desde los cajeros para evitar que fueran bloqueados por los bancos.
Dijeron que la forma de actuar consistía en hacer las reservas de viajes a última hora cuando los controles de las agencias son menores y no podían anularse las reservas.