¿Tras los pasos de El Salvador? Los países de América Latina que quieren sus propias leyes para criptoactivos

27 de julio de 2021 – El uso de los activos digitales se ha extendido por la región, a la par que la necesidad de los Gobiernos de anticiparse a regulaciones y tratar de sacarle provecho a un sector que sigue en un área gris.

El país más pequeño de Centroamérica dio el primer paso. El mes pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una normativa que autoriza la circulación del Bitcóin como segunda moneda de curso legal, después del dólar.

Sin embargo, del papel a los hechos, el trecho es largo. Después de que el Congreso avalara la iniciativa, los problemas para su efectiva implementación han empezado a multiplicarse casi al mismo ritmo en que avanzan proyectos similares en la región.

Países como México, Argentina y Paraguay se han interesado en la regulación de los criptoactivos en sus economías, con perspectivas diferenciadas, ya que su uso se ha ampliado de manera exponencial en el último año en la región y la idea de los Gobiernos es poder sacar provecho de esas operaciones, que todavía permanecen en una ‘zona gris’.

Argentina

En el Congreso argentino hay al menos dos proyectos que proponen legislar sobre los criptoactivos. Uno, presentado por la oposición, y otro avalado por los parlamentarios del oficialista Frente para Todos.

La iniciativa legislativa de la oposición, impulsada por el diputado macrista Ignacio Torres, se dio a conocer en noviembre del año pasado y planteaba, a grandes rasgos, el establecimiento de un “marco legal” para las operaciones, que implicara la fijación de licencias, la obligatoriedad de información sobre los usuarios y la penalización por ilícitos, apuntando a la “transparencia”. La idea es que se apruebe este año.

En paralelo, los legisladores oficialistas Liliana Schwindt y Marcos Cleri interpusieron un proyecto sobre la misma materia que, en caso de aprobarse, funcionaría como un “marco regulatorio integral” para las operaciones en criptoactivos, bajo los principios de “confiabilidad, inviolabilidad y reserva de la información, inclusión e innovación tecnológica y financiera”.

Esta propuesta apunta a cuatro pilares sobre las operaciones de criptoactivos: la protección al consumidor; la prevención del fraude y las actividades delictivas; la innovación tecnológica; y la promoción de la competencia privada. Desde el año pasado, los legisladores reconocen que hay desconocimiento sobre el tema, a pesar del incremento de las transacciones, motivado -en el caso particular de Argentina- al interés de los inversores de escapar de las regulaciones nacionales, afrontar la inflación y no lidiar con las restricciones vigentes para el acceso a monedas como el dólar.

De hecho, en 2017, Buenos Aires fue considerada como “la capital del Bitcóin” en Latinoamérica, gracias a la cantidad de operaciones que se realizan en el país, la presencia de organizaciones no gubernamentales que promueven su uso y la instalación de una red de cajeros automáticos para este tipo de transacciones.

Paraguay

Otro de los países que tiene interés en establecer una iniciativa legislativa para fiscalizar las operaciones en criptoactivos es Paraguay. El proyecto más conocido es el que fue presentado por el diputado Carlos Rejala y que plantea no solo regular “la industria y comercialización de activos virtuales”, sino aprovechar el “excedente enorme” de energía hídrica que genera el país para atraer a inversionistas y mineros de este tipo de activos.

Para Rejala, la promoción de estas actividades sería una “solución para el Estado paraguayo” y un “beneficio gigante”, en términos financieros, científicos, económicos y educativos para la población. Entretanto, el senador Fernando Silva Facetti apunta a que la regulación permitirá sacar a las cripto del “área gris” y desarrollar una “industria electrointensiva, que genere activos virtuales” y que estos, a su vez, se conviertan en un commodity o ‘producto objeto de comercialización’.

No obstante, los parlamentarios han dejado claro que su objetivo no es convertir criptoactivos como en Bitcóin en moneda de curso legal, como pasó en El Salvador, sino establecer un marco regulatorio para que se emitan licencias a empresas mineras, se elabore un registro de ‘exchanges’ (los sitios virtuales de compra y venta de criptomonedas) y se implemente un plan de abastecimiento de energía para la incipiente industria.

Las dependencias que se encargarían de esta labor serían la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Administración Nacional de Electricidad.

México

Uno de los países pioneros en legislar sobre las empresas del sector financiero que utilizan las nuevas tecnologías para lanzar productos innovadores, entre ellos las criptomonedas, es México. En 2018, el Congreso de ese país dio luz verde a la Ley Fintech, que se aplica para operaciones de activos virtuales, pagos electrónicos u otras transacciones que no pasan por el tamiz de las entidades reguladas.

Desde su entrada en vigencia, las entidades encargadas de su aplicación dieron un plazo para que las empresas interesadas se adaptaran a la normativa legal. El objetivo principal de esta ley era ofrecer confianza a los usuarios de esos servicios financieros y protegerlos de sobreendeudamientos, debido a la exigencia de análisis sobre el perfil de riesgo, así como el establecimiento de sanciones a quienes incumplan los requerimientos de seguridad.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la normativa se ha quedado corta ante la nueva realidad, que implica que hay unos dos millones de usuarios haciendo operaciones de criptomonedas, sin que se delimite claramente el cumplimiento de obligaciones, lo que puede dar paso a actividades ilícitas o fraudulentas.

Ante ese aparente vacío y el impulso que dio la promulgación de la Ley Bitcóin en El Salvador, diputados como Eduardo Murat Hinojosa (derecha) salieron al ruedo con la promesa de “promover y proponer ante la Cámara de Diputados un marco legal para las criptomonedas en México”.

A esa misma ola se subió la senadora Indira Kempis (centroderecha), quien durante su intervención en una conferencia llamada Talent Land Digital 2021, consideró que el debate sobre las criptomonedas debía abrirse en todas instancias del Estado mexicano para saber exactamente qué se puede hacer. En su perfil de Twitter, la legisladora tiene una foto editada en la que aparece con los ya habituales rayos láser de los entusiastas del Bitcóin.

Riesgos

Mientras los países latinoamericanos discuten sobre el mejor camino para regular a los criptoactivos y sacarles provecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó que solo 58 naciones —de 128 bajo su supervisión— reportaban avances legislativos para implementar la Recomendación 15, que establece normas mínimas para identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo por medio de la utilización de activos virtuales.

De esta lista, 52 países reportaron al ente intergubernamental que contaban con un régimen que regulaba a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés), mientras que en seis jurisdicciones se prohibió la operación de las empresas o individuos que administran los criptoactivos.

En los 70 países restantes no se habían implementado las recomendaciones que emitió GAFI para prevenir o mitigar el lavado mediante los activos virtuales.

Por otra parte, GAFI ha advertido que organizaciones terroristas y grupos de extrema derecha usarían las criptomonedas para financiar sus actividades ilícitas, ante la posibilidad de permanecer en el anonimato y por la deficiente regulación mundial sobre estos activos.

Además, a través de la operación de activos virtuales se cometen múltiples crímenes. Los más comunes son actividades de narcotráfico, delitos de fraude y estafas financieras. No obstante, los defensores de los criptoactivos alegan que el porcentaje de estas operaciones ilícitas es mínimo si se toma en cuenta el total de las que se efectúan cada año, y que se han incrementado exponencialmente en 2020.

Del total de transacciones de criptomonedas que se realizaron en 2019, solo el 2,1 % eran parte de alguna actividad ilícita. Para 2020, la participación ilícita en criptoactivos fue de tan solo el 0,34 % del volumen total de operaciones, según un reciente reporte publicado por la firma Chainalysis.

“Los delitos relacionados con las criptomonedas están cayendo, representan una pequeña parte de la economía general de los criptoactivos y es comparativamente menor que la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las finanzas tradicionales”, destaca Chainalysis.

En medio del auge que viven los activos virtuales, El Salvador dio el primer paso para implementar el Bitcóin como segunda moneda de curso legal. Mientras tanto, otros países latinoamericanos ya comenzaron a evaluar la mejor vía para regular estos activos, con miras a aprovechar oportunidades de una incipiente industria y tratar de minimizar los riesgos de su innegable volatilidad.

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