La UCO acude a la sede del PSOE por orden del juez Pedraz por el caso Leire Díez

27 de mayo de 2026 – Agentes de la Guardia Civil entran en la sede socialista en Madrid en una operación contra una presunta financiación ilegal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir documentación en una investigación por su presunta financiación irregular en una operación lanzada a primera hora de este miércoles, según confirman fuentes policiales a La Vanguardia.

La entrada de la UCO en Ferraz coincide con el inicio de la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Roma. En la capital italiana, el líder socialista se reunirá con el papa León XIV y asistirá a un acto de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

También está previsto que Sánchez ofrezca una rueda de prensa, la primera desde la imputación por blanqueo de capitales del expresidente Zapatero.

Esta operación se ha iniciado esta mañana a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dentro de una pieza secreta del caso de la conocida como “fontanera” del PSOE Leire Díez.

En diciembre, la UCO detuvo a Díez y a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y uno de los ex hombres de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el marco de una investigación sobre corrupción.

El nombre de Díez irrumpió el año pasado después de revelarse unos audios en los que se presentaba como la “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien acabó en prisión el verano pasado -y ya en libertad- por liderar la trama del exmininistro José Luis Ábalos para obtener mordidas de empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública.

En esta causa por la que Díez fue detenida en diciembre, y que sigue secreta, la investigación gira en torno a posibles amaños y tráfico de influencias cometidos a partir del año 2021, cuando Fernández ya no estaba en la SEPI pero podría haber utilizado sus contactos y relaciones para enriquecerse ilícitamente.

En el centro de la causa se se encuentra Servinabar, una empresa navarra de Antxon Alonso, amigo de Cerdán y a través de la cual el socialista podría haber cobrado y se podría haber vehiculizado las posibles comisiones, según la investigación.

De hecho, las investigaciones de la UCO destaparon que el ex secretario de Organización del PSOE habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía aunque nunca llegó a elevarse a público.

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