La Generalitat pagó a una sociedad belga sospechosa de blanquear dinero público

9 de octubre de 2021 – El juzgado de Barcelona que investiga la malversación de fondos públicos para internacionalizar el ‘procés’ recibe un informe de Bélgica sobre una empresa investigada por corrupción.

Nuevos indicios contra el posible uso de fondos públicos para internacionalizar el proceso independentista. El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha recibido un informe de la justicia belga en el que le confirma que una sociedad de este país, que en 2015 recibió 4.132 euros de dinero de la Generalitat por un informe sobre defensa, fue investigada en Bélgica por corrupción y blanqueo de capitales. La juez investiga si la Generalitat usó contratos a dedo de la Acción Exterior para internacionalizar el ‘procés’, pagando informes o trabajos académicos. En este sentido, considera que existe cierta presunta irregularidad en algunos de estas concesiones como un estudio en materia de defensa que la Generalitat encargó a la empresa belga BVBA Services.

Razón por la pidió, mediante una Orden Europea de Investigación (OEA), información sobre esta sociedad. Las autoridades belgas han informado que la empresa fue investigada por la Fiscalía de Bruselas por “blanqueo y corrupción”, en unas diligencias que datan de 2017. Además identifican a tres personas que dirigían o administraban la sociedad, de nacionalidades belga y alemana, y que la firma “no ha tenido empleados”, no ha sido objeto de control en lo que respecta a sus obligaciones fiscales y fue disuelta en el año 2018.

El juzgado de Barcelona considera que existen presuntas irregularidades en el proceso de contratación del informe ya que la Generalitat no mantuvo ninguna comunicación con la empresa y dejó la intermediación en manos del sociólogo Salvador Cardús, que fue miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional y está citado a declarar como testigo en el caso. Además, tampoco pudo acreditar quién es el titular de la cuenta de Bélgica a la que se transfirió el pago.

En este procedimiento abierto en Barcelona se investiga al ex conseller Raül Romeva, que fue indultado tras ser condenado por sedición, y a una decena de cargos del Govern por supuestamente malversar casi un millón de euros para “internacionalizar” el “procés” mediante contratos a dedo a empresas “tapadera”. El proceso se inició tras detectar el Tribunal de Cuentas que la Generalitat había destinado fondos públicos a actividades que no entran en sus competencias y pueden “perturbar” la dirección de la política exterior española.

La Fiscalía investigó que estas supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones, concedidos “a dedo” o troceados para evitar concursos públicos, no iban dirigidos a “promocionar la imagen de Cataluña, objetivo de la Acción Exterior, sino a internacionalizar el proceso sobre el derecho a decidir” y por eso el juzgado acusa de malversación a ex responsables de la administración catalana como el ex secretario del Diplocat Albert Royo, el ex secretario de Govern Victor Culell, el ex secretario general del Departamento de Acción Exterior Aleix Villatoro y el ex secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat Roger Albinyana, entre otros.

Entre los contratos bajo sospechan están trabajos académicos ajenos al ámbito competencial de la Generalitat como explicar “la creación de las estructuras de un nuevo Estado una vez Cataluña alcanzara la independencia”.

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