La Audiencia absuelve a seis miembros del clan de los Charlines al no probarse «ni por asomo» el blanqueo por el que les acusaba Antidroga

22 de mayo de 2024 – La Fiscalía les atribuía cinco operaciones para lavar supuestos fondos del narcotráfico y les pedía hasta seis años de cárcel.

La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a seis miembros del llamado clan de los Charlines acusados por la Fiscalía Antidroga de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico dentro de una organización criminal, por haber participado en cinco operaciones de lavado de dinero entre 2000 y 2010.

Los magistrados de la Sección Cuarta absuelven además a dos abogados y un empresario juzgados junto a los miembros de la familia Charlín (Mª Teresa Charlin Pomares, Natalia Somoza Charlin, Mª Josefa Charlin Pomares, Noemi Outon Charlin, Oscar Felipe Charlin Pomares y Francisco Melchor Charlin Pomares).

En el juicio que arrancó el pasado septiembre el fiscal de Antidroga Luis María Uriarte pedía para los nueve acusados penas de entre algo más de cuatro años y medio y seis años de prisión. Inicialmente estaba también acusado el patriarca del clan, Manuel Charlín Gama, que falleció en 2021. También fallecieron durante la larguísima tramitación del caso -casi 15 años- su mujer y el hijo mayor, igualmente investigados.

Entre las cinco supuestas operaciones de blanqueo estaba la subasta de una depuradora de mariscos en la isla de Arosa, la adquisición de una planta de elaboración y transformación de productos del mar en China y la apertura de cuentas corrientes en entidades bancarias suizas.

La Audiencia explica que la acusación del Ministerio Público no se ve corroborada por las pruebas practicadas en el juicio y que debían demostrar que los fondos provenían del tráfico de drogas. Además, reprocha la «falta de individualización» de las actuaciones atribuidas a los acusados.

En relación con la operación de la depuradora, señala que las pruebas testificales, periciales y documentales practicadas en el plenario «no lograron acreditar ni por asomo la veracidad de la tesis esgrimida por el Ministerio Fiscal», consistente en que el dinero invertido en esta operación procedía de la actividad ilícita de narcotráfico a la que dos de las acusadas. «Primordialmente, porque, como ya hemos expuesto, las dos referidas no tienen relación alguna con esta clase de delitos», dice el tribunal presidido por Ángela Murillo.

Sobre la adquisición de la planta de China, los magistrados lamentan la «falta concreción» de lo que el fiscal atribuye a cada acusado, «limitándose a verter imputaciones contra el conjunto de acusados sin el más mínimo atisbo de individualización».

Los magistrados también examinan la apertura de cuentas en Suiza y señalan que el fiscal «no refleja dato objetivo alguno» capaz de sustentar la existencia de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

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