25 de abril de 2022 – También requirió en 2021 a varias firmas para que apliquen medidas de prevención.
El Tesoro ha impuesto 22 sanciones a entidades financieras por infracciones graves relacionadas con la normativa de blanqueo de capitales y ha realizado catorce requerimientos a otras tantas firmas para que apliquen en su funcionamiento determinadas medidas relacionadas con esta cuestión.
Este castigo económico a las entidades en 2021 asciende a 5,89 millones de euros. Estas multas se elevan a 63,7 millones de euros si se contabilizan las impuestas entre 2018 y 2021.
El Tesoro, a diferencia de lo que hacen el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Pensiones, no informa del nombre de las entidades sobre las que recaen las sanciones, que son firmes en vía administrativa.
El año pasado sí se dio publicidad a la multa de 1,05 millones de euros (impuesta en años anteriores, por lo que no entra en este recuento) que recayó sobre Santander por un caso de blanqueo de capitales cometido por Banco Popular, tras la ratificación por el Tribunal Supremo de esta sanción por un hecho que ocurrió entre 2013 y 2015.
Rebaja
El año pasado también, el Tribunal Supremo rebajó a 5,6 millones de euros la multa a Santander por incumplir la norma de blanqueo de capitales, impuesta antes de 2021. El castigo inicial impuesto por el Tesoro era de 10,5 millones por tres infracciones al no identificar a los titulares de varias cuentas.
La multa más elevada impuesta el año pasado ascendió a 845.501 euros, acompañada de una amonestación privada «por incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio» de encontrar una operación que pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales, tal como recoge la normativa sobre este tipo de operaciones.
La segunda mayor sanción, de 833.001 euros, a una entidad de crédito se impuso por el incumplimiento de la obligación de examen especial de cualquier operación que pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales.
Los catorce requerimientos realizados el año pasado por el Tesoro se dirigieron a empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, una aseguradora y una inmobiliaria. En la mayoría de los casos, la exigencia del Tesoro está relacionada con la aplicación de distintas medidas para cumplir la normativa de blanqueo de capitales.
Estas sanciones se unen a las impuestas por los supervisores financieros.
La CNMV duplicó el año pasado sus multas a entidades por malas prácticas al alcanzar los 6,37 millones, frente a los 3,23 millones del ejercicio precedente.
En la tendencia contraria, el Banco de España redujo un tercio sus sanciones al pasar de 12,4 millones en 2020, a 4,3 millones en 2021.
Las penalizaciones de la Dirección General de Seguros y Pensiones aumentaron un 40% el año pasado, hasta 392.000 euros, frente a los 176.013 anteriores.
En total, los supervisores españoles de los mercados financieros impusieron en 2021 penalizaciones por once millones de euros, según los datos publicados por estos organismos en este periodo, independientemente de que los hechos sancionados hayan ocurrido en ejercicios anteriores.
El mayor castigo de la CNMV, de 2,07 millones, fue para la ya desaparecida Q-Renta por dos infracciones muy graves. El mayor, de 2 millones de multa, se impuso por la inadecuada gestión de conflictos de interés en la operativa de gestión y asesoramiento sobre valores cotizados en el MAB, según el supervisor. A esto se suman 75.000 euros por deficiencias en los registros de órdenes y en el control y organización interna de la entidad.
El mayor castigo del Banco de España, de 1,08 millones, tras una rebaja del 40%, recayó en 2021 en Ibercaja por una infracción grave relacionada con la entrega de información previa a un contrato y con el cálculo de la TAE (tasa anual equivalente).