El Sepblac se queja a la banca de retrasos «importantes» en las alertas de blanqueo

Advierte que eso reduce «considerablemente» las opciones de éxito en sus pesquisas, y le insta a comunicar «sin dilación» los «indicios» en aquellas «operativas relevantes»

08 de diciembre de 2020.- Tirón de orejas de los técnicos del Banco de España (BdE) a las entidades financieras porque, aunque su trabajo de alerta frente al lavado de capitales ha aumentado los últimos años, persisten algunas deficiencias no precisamente menores. Y la que más preocupa en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía pero cuyos profesionales están a cargo del supervisor financiero, es la tardanza en sus avisos dado que, como se resalta en su última memoria anual, «gran parte de la eficacia del sistema de prevención se basa en que la información fluya con rapidez hacia los organismos que deben explotarla».

 

Números en mano, los asuntos abiertos por blanqueo en dicho órgano durante el año pasado ascendieron a 7.354, lo que representa un incremento del 47,1% respecto a 2017 (y del 12% sobre 2018). Gran parte de ellos se iniciaron a raíz de comunicaciones de las propias entidades financieras, que sumaron un total de 7.288 en 2019, un 51,5% más que dos años atrás. Dos de cada tres de esos avisos (el 65%) vinieron de los bancos, que elevaron un 60% sus anuncios en 2018 y otro 10,4% en 2019.

Pero el problema, señalan desde el Sepblac, es el retraso en los envíos de parte de esos avisos, sobre todo en aquellos «debidos a indicios de blanqueo» y donde la legislación vigente exige que se realicen «sin dilación». A tal fin insta a los bancos a «optimizar los procesos de revisión de las alertas y exámenes especiales», poniendo el énfasis en evitar demoras para «aquellas operativas relevantes o transcendentes que deban ser objeto de comunicación». En este sentido, se queja con severidad de que «un número significativo de comunicaciones se recibe con un importante retraso desde que se materializó la operación sospechosa, reduciéndose considerablemente las posibilidades de explotación exitosa de la información».

No es el único reproche que desde el supervisor contra el blanqueo hacen a las entidades de crédito. Aparte del plazo de recepción de las alertas, les preocupa su calidad. Por ello les advierte de «la necesidad de realizar un examen especialmente riguroso», con el objetivo de «identificar verdaderos indicios» de lavado de capitales. Así, «en términos generales» y más en casos que puedan generar muchas comunicaciones, les recomiendan hacer «análisis globales» –si encuentran «elementos comunes», precisa– y «alejarse» de una sucesión de avisos individuales sobre «operativas recurrentes».

Otro elemento de queja se refiere al abono de órdenes de pago y transferencias internacionales «vinculadas a fraudes y estafas en países extranjeros», cuyos fondos acaban siendo reintegrados o vueltos a transferir en España, o bien mandados a otros Estados, «impidiendo la retrocesión solicitada en muchas ocasiones por las entidades de origen». Desde el Sepblac recuerdan a los bancos «la obligación legal de aplicar correctamente las medidas de diligencia debida» y, en especial, «la de abstenerse de ejecutar operaciones con indicios», en lugar de realizarlas y comunicarlas luego al Servicio Ejecutivo.

Operativa ‘online’

Las actividades de banca no presencial, fundamentalmente a través de internet, es otro punto destacado en la memoria. Ante su «significativo» aumento, desde el supervisor ven «necesaria una profunda transformación de las herramientas, aplicaciones y procedimientos» empleados por los departamentos de prevención, a fin de «generar nuevas alertas específicamente diseñadas» para aquellas. En este punto, y sobre la «recurrente problemática de los carruseles del IVA», aconsejan «establecer determinadas restricciones operativas a ciertos cobros y pagos, hasta verificar la actividad real de las empresas».

Los datos recabados por el Sepblac –aparte de su propia actividad de «inteligencia financiera»– están a disposición de los jueces de instrucción, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, yen 2019 recibió 17.225 consultas. Por esa razón, al «constatar la existencia de un considerable número de transferencias a países extranjeros no comunitarios» –parte de ellos paraísos fiscales o territorios ‘offshore’, apuntan fuentes del sector–, que además acumulan «un volumen agregado de varios cientos de millones de euros» (con un promedio de 2.000 euros por operación), sus responsables reclaman «extremar el análisis de estas operaciones para evitar riesgos asociados al blanqueo de capitales».

El último aviso es para los abogados por su «muy bajo número» de comunicaciones, sobre todo para un colectivo «muy amplio» y con riesgo potencial «elevado», especialmente en tareas distintas a la defensa jurídica.

 

El lavado de capitales alcanza ya el 2,7% del PIB mundial, según la ONU

«Nuestra debilidad en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros ha sido aún más expuesta por la covid-19». Así lo advierte Ibrahim Mayaki, ex primer ministro de Níger y copresidente del Panel FACTI, un grupo de alto nivel de la ONU sobre responsabilidad financiera para lograr los objetivos de la llamada Agenda 2030, y del que forman parte ex jefes de gobierno y bancos centrales, líderes empresariales y de la sociedad civil, y también diferentes académicos.

En su último informe, que deberá ser ahora debatido en Naciones Unidas antes de su publicación definitiva en febrero de 2021, se realizan unas estimaciones más que preocupantes. Así, por ejemplo, calculan que el blanqueo de capitales mueve 1,6 billones de dólares anuales en el mundo, o el equivalente al 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB) global. Traducido en euros serían 1,35 billones, lo que supone 1,1 veces el PIB de España en 2019.

Asimismo, según los datos que han recabado, el 10% del PIB mundial estaría en activos financieros repartidos por varios territorios ‘offshore’, esto es, en paraísos fiscales. Y en ellos hay también «escondidos» siete billones de dólares correspondientes a fortunas privadas. Además, las transferencias por parte de diferentes empresas de fondos derivados de elusión fiscal (por los que no se pagan impuestos, o bien se derivan fuera de sus países de origen buscando una fiscalidad mínima) causan pérdidas de 500.000 millones de dólares «todos los años» para los Gobiernos nacionales.

«Muchos bancos están confabulados y muchos Gobiernos están estancados en el pasado», denuncia Dalia Grybauskaité, expresidenta de Lituania y también copresidenta del FACTI, quien lamenta que los controles financieros internacionales «no han seguido el ritmo de un mundo globalizado y digital». Las economías desarrolladas (OCDE) van retrasadas en su armonización y la FATF-GAFI (Financial Action Task Force, que reúne a 200 jurisdicciones) tampoco ha logrado mejores resultados. En la UE, la Comisión trabaja ya en un supervisor comunitario contra el blanqueo y una mayor cooperación interna.

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