6 de enero de 2022 – El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado el desbloqueo de todas las sociedades del histórico agente de futbolistas Quique Pina al concluir que no ha encontrado indicios de blanqueo de capitales.
El juez Santiago Pedraz libera, entre otras, la sociedad Calambur, con la que posee un importante paquete de acciones del Cádiz, C.F., a través de la entidad Locos por el Balón. La medida la hace extensiva también Pedraz a la sociedad Quique Sport a pesar de que la Fiscalía había considerado que estas entidades podían haber sido utilizadas por Pina para cometer delitos de fraude fiscal o alzamiento de bienes.
El instructor aprovecha también para exculpar al entorno familiar del empresario y destaca que «de lo actuado» no ha encontrado indicios de delito ni en las sociedades ni en la participación de los padres o la hermana de Pina. «Ya muy avanzada la instrucción se está en condiciones de disipar la vinculación de las entidades señaladas», sostiene el juez al tiempo que resalta que ninguno de los familiares de Pina ha sido mencionado por Hacienda en sus informes.
De manera paralela, Pedraz acuerda la expulsión del Cádiz, C.F., como acusación en el procedimiento judicial al no haber quedado acreditado que ninguna de las operaciones llevadas a cabo por las sociedades de Pina perjudicaran a la entidad de la que es accionista.
La decisión del juez Pedraz tiene lugar poco después de acordar también el desprecinto de su yate, que fue intervenido por la Policía el pasado verano.
La decisión judicial es relevante toda vez que la denominada ‘Operación Líbero’, que fue puesta en marcha en 2018 y que se saldó con el encarcelamiento de Pina, se centró en un supuesto delito de blanqueo de capitales. Según los investigadores, el ex consejero delegado del Cádiz y quien fuera también presidente del Granada, utilizó su estructura societaria para lavar fondos de origen ilícito. Esta acusación cada vez pierde mayor fuerza en la causa, que se mantiene también por la comisión de supuestos delitos contra la Hacienda pública.