24 de julio de 2023 – Entre los mayores timados se hallan algunos con importantes dependencias físicas y mentales y con adicciones. Se calcula que el perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social es de 1.150.334 euros.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que cometió, presuntamente, un fraude millonario a la Seguridad Social, blanqueo de capitales y estafa a residencias para personas mayores dependientes de la provincia de Valencia.
Las actuaciones policiales, que han sido coordinadas con el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios de la Generalitat, han finalizado con la detención de tres personas relacionadas con la dirección y la gestión de las residencias afectadas, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, según un comunicado del cuerpo policial.
Las investigaciones comenzaron a principios de este año, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social denunció actuaciones irregulares llevadas a cabo por los responsables de un entramado societario dedicado a la gestión de residencias.
Se mencionaban varias mercantiles dedicadas a las actividades de gestión o asistencia a residencias de personas mayores dependientes, lo que, a juicio de los investigadores, indicaba la existencia de una dirección única y un modus operandi común. De forma sistemática y continuada en el tiempo, se repetían los impagos de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores y los conceptos de recaudación conjunta.
Residencias investigadas
Las pesquisas realizadas se concretaron en doce sociedades investigadas: dos de ellas tenían carácter patrimonial, mientras que las otras diez eran mercantiles que se repartieron la gestión de residencias para personas mayores al menos desde el año 2013 hasta la actualidad, con presencia predominante en la provincia de Valencia y causando un perjuicio total a la Tesorería General de la Seguridad Social de 1.150.334 euros.
La operativa reveló la existencia de un grupo organizado dirigido por una mujer con amplia experiencia en este sector, que fundó o adquirió sucesivamente todas estas mercantiles y no hizo frente a sus obligaciones de pago con la Administración.
El grupo empresarial que funcionaba como un ente societario único que en realidad actuaba como si de una única empresa se tratara, con idénticos responsables e intereses y esa red les sirvió para impedir, dilatar o dificultar las actuaciones de la Seguridad Social para hacer efectivos los procedimientos ejecutivos o embargos.
Una de las estrategias que les permitió eludir sus obligaciones de pago y continuar con el lucro fue colocar testaferros al frente de determinadas mercantiles e incluso como partícipes del capital social.
Algunos de los testaferros eran de tipo profesional, mientras que otros eran empleados que, con mayor o menor convencimiento, desempeñaban este papel, aunque entre los testaferros había personas mayores dependientes, con escasa o nula tutela familiar, lo que apuntaba a la utilización o usurpación de su datos sin consentimiento o autorización.
Entre las cantidades defraudadas, se detectaron deudas millonarias con la Administración y otras fuentes irregulares de financiación, a lo que se añadían importantes incrementos patrimoniales vinculados a ciertas actividades ilícitas graves.