18 de septiembre de 2021 – El caso se juzgará en la Audiencia de Alicante a partir del lunes y la Fiscalía pide 58 años de cárcel para el exalcalde del PP Javier Morató, los exediles Fernando Penella y Juan Roselló, el cuñado de este último, dos empresarios y un funcionario.
Ha habido que esperar catorce años, desde que en 2007 comenzara la instrucción, y otros cuatro desde que en 2016 se pidiera ya la apertura de juicio oral. Pero al fin, este próximo lunes, si no vuelven a surgir imprevistos como los que ya obligaron al aplazamiento hace unos meses, arranca en la sección segunda de la Audiencia de Alicante el juicio por los presuntos sobornos y el fraude de la basura de Calp, que ascendió a 11,9 millones de euros y que es por lo tanto la mayor trama corrupción de la historia de la Marina Alta. Se van a sentar en el banquillo un total de 8 encausados durante durante dos semanas.
Pieza separada del caso Brugal, a su vez uno de los grandes tormentos judiciales del PP valenciano, la instrucción realizada por un juzgado de Dénia concluyó dos cosas: primera, que presuntamente el empresario Ángel Fenoll habría sobornado con 600.000 euros al exalcalde Javier Morató y a los exconcejales Juan Roselló y Fernando Penella, los tres del PP, a cambio de quedarse en 1988 la contrata de la basura por 25 años. En esta operación, el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, habría actuado de intermediario.
Y segunda, que los implicados de la trama hincharon artificialmente durante años el pesaje de la basura de Calp para pagar a la mercantil Colsur, que era la empresa de Fenoll que se quedó la contrata, más dinero del que en realidad le correspondía. Así se estafaron a las arcas públicas de Calp esos 11, 9 millones de euros.
La Fiscalía sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación que se hicieron efectivas durante los siguientes años. En concreto, siempre según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces alcalde y los dos tenientes de alcalde se repartieron 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario. El empresario incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hacer frente a esos pagos con el conocimiento de los cargos públicos. La Fiscalía cifra en 11.983.904 euros la cuantía que la mercantil adjudicataria intentó defraudar a las arcas municipales y en 4.285.998 el perjuicio efectivo ocasionado. El Ministerio Público solicita inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.
Los ocho encausados y las penas solicitadas
El caso representa pues la peor de las herencias que dejaron los antiguos gobiernos del PP en Calp. No en balde, entre los ocho encausados que se sentarán en el banquillo figuran tres antiguos concejales populares, comenzando por el exalcalde de Calp de esa formación política entre 1995 y 2007, Javier Morató, para quien la fiscalía pide 14 años de prisión y 400.000 euros de multa. También estará ante juez el que fuera mano derecha de Morató, el exconcejal y ex diputado provincial de Turismo, Juan Roselló, que se enfrenta a 10 años de cárcel y 700.000 euros de sanción.
Otros dos acusados apuntan directamente al propio entorno familiar de Roselló. Es el caso del empresario Francisco Artacho, su cuñado, que se enfrenta a 5 años de cárcel y 80.000 euros de multa. Según la investigación, Artacho ejercía el papel de conseguidor y fue definido por el juez como «omnipresente» en la trama. Y también está acusada la esposa de Roselló, Amparo Femenia, pieza clave según la instrucción para efectuar el blanqueo de los beneficios obtenidos con el fraude. Para ella, la fiscalía demanda dos años de prisión y 300.000 euros de multa.
El tercer concejal del PP implicado, Fernando Penella, fue en aquella época responsable de Hacienda y Contratación. Para él la fiscalía solicita 5 años de prisión y 400.000 euros de multa. Completan la nómina de encausados el técnico municipal Juan Cervantes, que encara 9 años de cárcel y 12.000 euros de multa y que habría obviado fiscalizar las irregularidades en el pesaje; y el propio Fenoll y su hijo Antonio Ángel Fenoll, que afrontan la misma pena, 6 años y diez meses de prisión y 100.000 euros de multa. Por fin, también se halla encausada la empresa Sirem, sucesora de Colsur.
A los acusados se les juzgará por delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.