11 de agosto de 2021 – El Consejo de Política Económica y Social (Conpes) aprobó $10.392 millones para afianzar y extremar las acciones contra el crimen organizado. Específicamente los recursos van a utilizarse para “para prevenir, perseguir y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Busca el Conpes que Colombia cuente con una política más eficiente que conduzca “a reducir la vulnerabilidad producida por los grupos criminales y sus fuentes de financiación como lo es el lavado de activos”.
Para el Conpes es una realidad que el Gobierno lidera una política de lucha en ese sentido, sin embargo, el avance en la innovación de formas y técnicas de crimen suponen la urgencia de generar nuevas respuestas al problema.
“Las herramientas y el marco normativo de la política contra este tipo de crímenes se ajustarán a los estándares internacionales. Una de las estrategias va dirigida a mejorar la efectividad en ubicación y persecución de las armas de destrucción masiva en el país. La ejecución de las medidas incluidas en la financiación aprobada por el Conpes ocurrirá entre 2021 y 2026”, explicó el Conpes.
Para la elaboración y consolidación del documento, 30 entidades colombianas hicieron parte del proceso, entre estas destacaron: la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
“En el documento Conpes se advierte que es urgente consolidar los procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema Antilavado, para generar sinergias que optimicen las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos”, agrega el informe.