18 de septiembre de 2023 – El magistrado determinó que no había pruebas de que el enriquecimiento de los 14 investigados estuviera relacionado con actitudes delictivas.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la causa que se abrió en 2017 contra un grupo de personas que fueron investigadas por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.
La autoridad judicial, a instancias del informe emitido por el Ministerio Fiscal, determina que no se pudo concluir tras una intensa investigación, que el enriquecimiento que había acumulado el principal investigado, «las personas que mantenían con él lazos afectivos, familiares o contactos frecuentes», se debiese a alguna causa de origen dudoso como era el tráfico de sustancias estupefacientes.
Estas diligencias previas se incoaron por la comisión de un presunto delito contra la salud pública en el que estaban imputados, junto al supuesto cabecilla, varias personas más de su entorno. Durante la investigación, los agentes advirtieron «grandes incrementos patrimoniales» de los investigados y, el supuesto líder, además, ya había sido condenado con anterioridad por un delito contra la salud pública. Por ese motivo, los agentes contaban con «razones fundadas para sospechar la existencia de un delito de blanqueo de capitales», y el juez instructor abrió una pieza separada con dicho objeto.
En febrero de 2018, los agentes encargados de la investigación llevaron a cabo entradas y registros de varios locales de restauración de la capital grancanaria supuestamente relacionados con los encausados.
La investigación realizada y los informes policiales evidenciaron la existencia de «enriquecimientos injustificados de los investigados», sin embargo y como expuso el Ministerio Fiscal en un informe, era «posible que parte de los ingresos» provinieran de «actividades no delictivas».
Mejor dicho, añade el auto judicial, había «dudas sobre el origen del enriquecimiento», por lo que «los indicios delictivos iniciales» se habían debilitado sin que en los informes se observaran «incrementos notorios e injustificados de patrimonio».
Varios letrados de las defensas como el penalista Miguel Ángel Pérez Diepa interesaron a la autoridad judicial, ante estas evidencias, el archivo de la causa, una petición que recogió el magistrado en auto de fecha 3 de agosto pasado. En dicha resolución, el titular del órgano instructor acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de esta causa, dejando de esta forma sin efecto las medidas cautelares que adoptó en su momento.