10 de mayo de 2022 – La Fiscalía Anticorrupción ha denegado entregar al juez del caso de las mascarillas el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que dio origen a la causa, y que alertaba de un posible delito de malversación, alegando que esa entrega está prohibida por ley.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, Anticorrupción contesta así a la petición hecha recientemente por el magistrado Adolfo Carretero, quien solicitó adjuntar a la causa ese informe del tras la petición hecha en este sentido por Más Madrid, acusación popular en el procedimiento.
La investigación de Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se inició a raíz de un informe del Sepblac, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, que apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario.
Luego, tras más de un año de investigación, la querella de Anticorrupción solo se dirigió contra Medina y Luceño por los delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, por presuntamente haberse embolsado 6,6 millones de dólares en comisiones de tres contratos con el Consistorio.
Anticorrupción contesta escuetamente al juzgado que no se aporta dicho informe «por estar expresamente prohibido por el artículo 46.1 de la Ley de 10/2010 de 28 e abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo».
En el mismo escrito de la Fiscalía, fechado el pasado 4 de mayo, el Ministerio Público solicita que se lleven acabo varias diligencias, como el informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos tramitados de emergencia en municipios con más de 300.000 habitantes para atender las necesidades en la pandemia de coronavirus.
El juez del caso mascarillas ha interrogado este lunes como testigo a la presidenta de la universidad americana CIS, María Díaz de la Cebosa, que fue quien dio al imputado Luis Medina el teléfono del primo del alcalde de Madrid, actuando de supuesto «enlace» entre el Consistorio y los comisionistas que lograron los contratos investigados.
También ha tomado declaración a los responsables de las dos entidades bancarias en las que Medina y Luceño ingresaron el dinero investigado.